Por Alejandra García Elizalde, el 6 de octubre de 2026
Familiares de las víctimas de Barbados. Foto: Bill Hackwell
Hace cincuenta años, el 6 de octubre de 1976, el vuelo 455 de Cubana de Aviación despegó de Barbados. Minutos después, dos explosiones destrozaron el avión sobre el Caribe. Murieron setenta y tres personas: 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco norcoreanos. Entre ellos se encontraban miembros de la selección nacional cubana de esgrima, jóvenes deportistas que regresaban de una competición en Venezuela donde habían ganado medallas de oro. Eran jóvenes, hombres y mujeres, con un futuro prometedor y las medallas aún frescas tras la victoria.
El atentado sigue siendo uno de los actos de violencia política más notorios de la historia de las Américas. Documentos desclasificados de los servicios de inteligencia estadounidenses han vinculado a Luis Posada Carriles, el cerebro detrás de esta atrocidad, con planes para atacar un avión cubano y han documentado sus conexiones con Orlando Bosch y la red militante de exiliados anticubanos relacionada con el atentado.
Sin embargo, ni Posada Carriles ni Bosch fueron condenados por el atentado en sí. Bosch falleció en Miami en 2011; Posada Carriles falleció allí en 2018. Para muchos cubanos, ese hecho ha dejado una palabra flotando sobre el 6 de octubre como una acusación permanente: impunidad. Cuando un crimen de esta magnitud queda sin una rendición de cuentas definitiva, la herida no se cierra simplemente con el paso del tiempo.
Barbados ocupa un lugar especial en la memoria histórica de Cuba porque condensó, en cuestión de minutos, la violencia de toda una época. El atentado no se produjo de forma aislada. Se produjo en medio de años de sabotajes, acciones armadas, operaciones clandestinas e intentos de desestabilizar al Gobierno cubano.
Los registros históricos también muestran que Washington aplicó políticas diseñadas explícitamente para debilitar económicamente a Cuba. En un memorándum de abril de 1960, el subsecretario adjunto de Estado de EE. UU., Lester D. Mallory, argumentó que Estados Unidos debía tratar de debilitar la vida económica de Cuba y describió el objetivo como provocar «hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».
Ese documento no demuestra por sí solo que todas las políticas o acciones posteriores de Estados Unidos hacia Cuba tuvieran el mismo objetivo. Pero constituye una prueba importante del razonamiento que subyacía a la campaña económica inicial contra la Revolución Cubana.
Más de seis décadas después, el enfrentamiento ha cambiado de forma. La presión se ejerce a través de las finanzas, el comercio, el suministro de combustible, el transporte marítimo y el acceso a los mercados internacionales, con consecuencias menos visibles.
El bloqueo como realidad cotidiana
El Gobierno cubano informó en septiembre de 2026 de que las sanciones y restricciones estadounidenses causaron unas pérdidas estimadas en 8.083 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra que, según afirmó, era un 7 % superior a la estimación del año anterior. Se trata de un cálculo del Gobierno cubano y no de una estimación verificada de forma independiente.
Washington ha intensificado significativamente su presión sobre La Habana. El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, en la que declaraba que Cuba constituía una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU. La orden establecía un marco en virtud del cual se podían imponer aranceles adicionales a los países que suministraran petróleo a Cuba, incluso de forma indirecta.
¿Qué cambia cuando la violencia se vuelve invisible? El 6 de octubre de 1976, una bomba explotó en el cielo y el mundo fue testigo inmediato de la catástrofe. Hay nombres, fotografías, familias afligidas. Mientras tanto, la presión económica funciona de otra manera. Es un barco que nunca llega, un generador de hospital que se queda sin combustible, una fábrica que deja de producir.
Cada 6 de octubre, Cuba conmemora a las víctimas del atentado de Barbados. El atentado terrorista sigue siendo relevante más allá de Cuba. Plantea una cuestión más amplia sobre la violencia política en las Américas. ¿Puede la justicia ser selectiva? Han pasado cincuenta años. Pero las familias de esas 73 personas no pueden cambiar lo que ocurrió aquel día de 1976.
La herida sigue abierta. Y recordar es un acto de resistencia: una negativa a rendirse ante la impunidad, una forma de mantener viva la lucha hasta que la propia injusticia comience a temblar.
Alejandra García Elizalde es una periodista cubana que trabaja como presentadora de noticias en teleSUR y como corresponsal principal para América Latina de «Resumen Latinoamericano» en inglés.